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Enero 9, 2007 a las 9:31 pm
El Gobierno Central tiene limitada su capacidad de intervenir en la vivienda y el urbanismo, al ser competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
A pesar de ello, el Gobierno dispone de la iniciativa legislativa en aspectos fundamentales como el suelo (el 50% del precio final de la vivienda) y de la gran capacidad de intervención que le da el gasto público estatal destinado a vivienda a través de los Presupuestos. Además, siempre existe la posibilidad de modificar las transferencias de competencias en aquellas materias donde se constate que el sistema vigente no funciona.
Lamentablemente, el Gobierno Central está usando ambos instrumentos de un modo insuficiente, limitándose a actuar sobre las consecuencias más injustas sin incidir en las causas de fondo del problema de la vivienda y el urbanismo en España.
Ha amagado con anteproyectos más o menos ambiciosos (Plan de vivienda, Ley del suelo) que posteriormente han sido suavizados por la presión del “lobby del ladrillo”. Además, los presupuestos de vivienda están mal orientados (en lugar de ayudar agravan el problema) y su cuantía es insuficiente -a pesar de su aumento en los últimos años-.